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Fuente: La Opinion  GUATEMALA (EFE).— Amnistía Internacional (AI) calificó de “injusto” el desalojo de campesinos en Guatemala de las tierras que han ocupado y denunció graves violaciones de los derechos humanos contra los trabajadores rurales.
En su informe titulado Guatemala tierra de injusticias, que presentó a la prensa en un hotel del sur de la ciudad, AI asegura que desde que el presidente Óscar Berger asumió el poder, en enero de 2004, se aceleraron los desalojos forzosos y violentos. El director del Programa Regional para América de AI, Javier Zúñiga, afirmó en la presentación que las autoridades han respondido de forma enérgica a las demandas de los hacendados ricos, pero no atienden las peticiones de los pueblos indígenas.
“Desde que ocupó el cargo en 2004, el presidente Óscar Berger ha acelerado los desalojos y ha hecho caso omiso de los consiguientes abusos contra los derechos humanos”, sostuvo. El chileno Sebastián Elgueta, investigador de AI, explicó que sólo entre enero y noviembre de 2004 se registraron 36 desalojos, más de la mitad de ellos de forma violenta. Zúñiga señaló que “la destrucción de hogares, la vulneración de un proceso con las debidas garantías e incluso homicidios, han acontecido con impunidad” en los desalojos. aumento de casos Según AI, hasta diciembre de 2005 había 1,052 casos de conflictos agrarios sin resolver, lo que supuso un aumento en comparación con los 911 casos hasta el mes de octubre de 2004. En el informe, la organización humanitaria internacional afirma que encontró durante 2005 un sistema de administración de justicia, incluyendo la policía, los fiscales y los jueces, desviado en favor de los hacendados. luchas agrarias El estudio describe una serie de “graves” violaciones a los derechos humanos en contra de los campesinos, entre los que menciona la negación del acceso a la justicia, demoliciones de casas sin consultas efectivas, violencia injustificada, amenazas y actos de intimidación. “Esas violaciones a los derechos humanos son cometidas con toda impunidad ante la pasividad e indiferencia de las autoridades”. La pobreza de las comunidades campesinas, las barreras idiomáticas y las diferencias culturales, entre otras, son factores que inciden en las disputas agrarias, mencionó el reporte. Pero el factor que más influye es “la gran desigualdad en la distribución de la tierra”, enfatizó. Según AI, el 62.5% de la tierra cultivable está en manos de un 1.5% de terratenientes, mientras que un 18.6% lo posee el 94.1% de la población. Ingrid Urizar, una dirigente de la organización Plataforma Agraria (PA), que defiende los derechos de los campesinos, aplaudió la investigación de Amnistía Internacional y dijo que “pone al desnudo el problema agrario y la ineficacia pública para atenderlo”. AI recomienda al gobierno de Berger erradicar la práctica de desalojos forzosos, garantizar la resolución justa e imparcial de las disputas de tierras, respeto y protección de los derechos laborales y que no se penalicen las protestas legítimas. Organizaciones campesinas tienen previsto realizar el jueves una protesta en diferentes puntos de Guatemala para exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la solución de los conflictos agrarios. |
